Transparencia y rendición de cuentas en la política argentina

Transparencia y rendición de cuentas en la política argentina
26 de octubre de 2025

En la Argentina de hoy, el reclamo por mayor transparencia y control público se ha convertido en una demanda transversal. No responde a ideologías ni a coyunturas: expresa una necesidad profunda de recomponer la confianza entre la ciudadanía y la dirigencia. La legitimidad política ya no se mide solo en votos, sino también en la capacidad de rendir cuentas y de ejercer el poder con responsabilidad y apertura.

La transparencia no es un valor accesorio; es la base sobre la cual se sostiene cualquier sistema democrático sólido. Cuando la información se oculta o se manipula, el ciudadano se convierte en espectador de un juego que no comprende. En cambio, cuando las decisiones de gobierno se explican, se documentan y se someten al escrutinio público, la política recupera su sentido original: servir al interés común.

En los últimos años, distintos sectores del Estado argentino han avanzado en políticas de acceso a la información y en la digitalización de datos públicos. Sin embargo, la transparencia no se agota en la publicación de documentos o estadísticas. Implica un cambio cultural: una forma distinta de entender la gestión pública, basada en la rendición permanente y la evaluación ciudadana.

La rendición de cuentas es, en esencia, un acto de respeto hacia la sociedad. Obliga a los funcionarios a explicar sus decisiones, justificar sus prioridades y aceptar los límites que impone la ley. No se trata de desconfianza institucional, sino de control republicano. El poder político, como cualquier poder, necesita contrapesos para no desvirtuarse.

La corrupción, la discrecionalidad y la opacidad administrativa no solo erosionan los recursos del Estado: minan la moral colectiva y desalientan la participación. Cada vez que se incumple la ética pública, se debilita la idea misma de comunidad. Por eso, la transparencia no debería considerarse una exigencia de control externo, sino una convicción interna de quienes asumen responsabilidades públicas.

Las herramientas digitales ofrecen hoy una oportunidad inédita para fortalecer el control social. Los portales de datos abiertos, las auditorías en línea y la trazabilidad de los recursos públicos permiten que el ciudadano participe activamente en la supervisión del Estado. Pero estas iniciativas solo tienen sentido si van acompañadas de instituciones independientes, medios libres y justicia efectiva.

En este escenario, la transparencia también debe ser bidireccional. La sociedad tiene derecho a saber, pero también el deber de informarse y participar. La rendición de cuentas no se completa si el ciudadano se mantiene indiferente. La democracia se sostiene en un equilibrio: gobiernos que informan y ciudadanos que exigen.

El fortalecimiento de los organismos de control, la profesionalización de la gestión pública y la protección de quienes denuncian irregularidades son pasos esenciales hacia una cultura de integridad. La ética pública no se impone por decreto, se construye con ejemplo y coherencia.

La Argentina necesita transformar la transparencia en política de Estado, no en consigna. Hacer de la rendición de cuentas una práctica cotidiana es la única forma de consolidar una democracia confiable, capaz de mirar hacia el futuro sin repetir los errores del pasado.

El desafío no es menor, pero tampoco imposible. Requiere voluntad política, instituciones sólidas y una ciudadanía que comprenda que el control no es enemistad, sino responsabilidad compartida. Un país transparente no es aquel que carece de conflictos, sino aquel que los enfrenta a la luz del día.

Octavio Chaparro